Ésta es una rápida comparación entre los alcances generales que la negociación y la paz tienen en Guatemala y El Salvador, de sus profundas diferencias y sus similitudes. El trabajo se orienta por las respuestas a un par de interrogantes clave: ¿Qué clase de conflicto es el que termina en cada uno de ellos? Y, en consecuencia, ¿qué es lo que se negocia cuando se firma la paz?, ¿cuáles son las modalidades del diálogo y la calidad de las fuerzas políticas que lo impulsan?

I. LA HISTORIA SIMILAR

Son particularmente parecidas las historias de las sociedades subdesarrolladas en América Latina. Es la homogeneidad relativa de las estructuras de la dependencia, de las oligarquías, de las luchas frustradas por la democracia, etc. Pero lo son aún más las de las sociedades como Guatemala y El Salvador, que en la posguerra tienen la experiencia política común de derribar a sus caudillos militares, con diferencia de meses, después de huelgas generales animadas por coaliciones cívico/militares. En ambas sociedades, entre 1944/45 hubo esfuerzos por construir regímenes democráticos, que se frustraron con mayor dramatismo en Guatemala por la breve década democrática que se acabó en 1954.
Ambas sociedades tienen en su vientre oligarquías terratenientes que han dispuesto de mano de obra abundante, obediente, barata. Esta oferta ha sido fuente de ganancias para los señores de la tierra por lo que, manipulada con violencia, ha sido el mayor obstáculo para la vida democrática. Los sistemas económicos son similares en su textura productiva, en la conducta de sus actores, en sus consecuencias sociales y políticas. En los dos países, los militares, ayudados por los abogados, fueron guardianes feroces de ese orden sociopolítico. Concentración de la riqueza, exclusiones sociales que en Guatemala están reforzadas por la condición indígena del campesinado.
Es particularmente cierto que en estos países las estructuras de larga duración producen personalidades radicales, a la derecha y a la izquierda. La referencia anterior es a la unidad de experiencias relacionadas y que van desde el tipo de propiedad y la apropiación del excedente hasta la educación, la cultura y el horizonte de oportunidades de unos y otros. La política la hicieron los sectores medios y de su seno salieron las víctimas y los verdugos. En ambas sociedades, las causas del conflicto fueron de naturaleza política. Aún más, la ausencia de instituciones democráticas y de oportunidades para ejercitar la participación.

II. IDENTIFICANDO ALGUNAS DIFERENCIAS

Lo coetáneo de las crisis en Nicaragua, Guatemala y El Salvador en la década de los ochenta hizo pensar en la homogeneidad de condiciones en las tres experiencias nacionales. Se llegó a pensar en la homogeneidad de condiciones en las tres experiencias nacionales. Se llegó a pensar, por el lado de la derecha, de una conspiración desde La Habana. Las diferencias son tan notables a partir de las causas locales, que empezamos por señalar algunas de ellas, que a lo largo de esta conferencia podrán completarse.
Una primera distinción es decisiva. No son fenómenos sincrónicos, como se viene afirmando. El conflicto guatemalteco empezó a finales de la década de los cincuenta y se prolonga por cuatro décadas, el salvadoreño alcanzó a cubrir un poco más de la década de los ochenta. Una segunda diferencia marca claramente la distinta naturaleza de la crisis a la que se le pone punto final. En este aspecto, también ha habido una tendencia analítica que al subrayar las semejanzas se quedan solamente con ellas, desorientando el análisis. Veámoslo.
En El Salvador se produjo indiscutiblemente una guerra civil, cualesquiera que sean las categorías teóricas que se utilicen para calificarla. Y hubo tres aspectos que, genéricamente, la definen: un enfrentamiento armado entre nacionales, que se mantiene por un largo período de tiempo, ocupando espacios geográficos precisos, desarrollando mandos militares unificados y ejerciendo con diverso grado de amplitud (local o no) formas de poder.
En Guatemala no hubo guerra civil sino conflicto social a raíz del derrocamiento militar de Arbenz (1954) que se agudizó con el golpe institucional del ejército en Marzo de 1963 y que dio paso al desarrollo de un Estado contrarrevolucionario, encabezado por militares. Contribuye a darle este carácter, sobre todo, el influyente clima de la guerra fría y la aún más decisiva ayuda norteamericana. Han sido varias décadas de sistemática política contrainsurgente, en cuyo interior hubo dos olas guerrilleras, en 1965/67 y desde finales de los setenta hasta 1982. En Guatemala hay más muertos en los cuarenta por represión política que los caídos en combate propiamente. Hubo un largo período de violencia contrainsurgente con breves espacios de lucha insurgente.
Una tercera diferencia igualmente decisiva es que el Frente Farabundo Martí entre 1980/83 y después de 1986 logró tener siempre la iniciativa militar como lo comprobó la toma de San Salvador, en Noviembre de 1986 la calidad del ejército nacional no pudo evitar ni una retirada ordenada ni el regreso, días después. Se habla figurativamente de un empate estratégico que en la perspectiva del orden político nacional imperante se debería traducir como la incapacidad del Ejército para vencer la subversión. La calidad operativa del FMLN se mantiene intacta hasta el final.
En Guatemala se discute cómo debe de ser interpretado lo que ocurrió a comienzos de los años ochenta con los tres frentes guerrilleros después de las campañas militares que terminan con la llamada operación Victoria 82, que costó 50.000 campesinos asesinados, medio millón de desplazados y más de cien mil refugiados. El ejército reduce el espacio social, dispersa a la guerrilla y crea las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), con lo cual aísla aún mas. Finalmente unificado el mando militar de la URNG en 1984, se mantiene presente en acciones aisladas en numerosos puntos del país. Pero es el regreso a la «propaganda armada». Su capacidad ofensiva es inferior a su presencia política en el interior y su imagen político-diplomática en el exterior. Tal vez no pueda hablarse de una derrota, pero la URNG no tiene desde entonces ninguna
iniciativa militar.

III. DEMOCRATIZACIONES, PACIFICACIONES

En ambas situaciones, los procesos de construcción de la paz han sido particularmente paralelos a los procesos de democratización política. No es exactamente que la democracia anteceda a la paz pero la salida de los militares del gobierno es el antecedente inmediato de la búsqueda de la paz. Entonces, la llegada de los gobiernos civiles es condición esencial para la proyección de una nueva época, sin guerras. Se trata de una doble transición marcada paulatinamente por un conjunto de circunstancias que constituyen una originalidad contradictoria frente a los resultados finales. Se dice contradictoria porque, en El Salvador, la convocatoria a Asamblea Constituyente ocurre en un momento en que la guerra se recrudece (1983) y en Guatemala cuando ha ocurrido una poderosa ofensiva militar (1985). Se buscó constitucionalizar la vida política en medio de la guerra y por ello los primeros gobiernos civiles pero legales, pero su legitimidad fue débil.
La difícil construcción democrática no podría exitosamente ocurrir en el primer momento de la transición, cuando las circunstancias políticas estaban aún bajo pleno control militar y por ello fueron adversas para los nuevos gobiernos civiles. Y aunque es cierto que los primeros presidentes civiles electos libremente, los democristianos Duarte y Cerezo, no pudieron alcanzar la paz y apenas iniciar los primeros balbuceos de un diálogo que posteriormente cobra fuerza, es indudable que un régimen militar jamás se hubiera abierto al diálogo.
La búsqueda de la paz, como ya el sentido común lo repite por todas partes, fue posible por la concurrencia de factores internacionales y locales. El clima externo fue creado por la acción del Grupo de Contadora, que formuló recomendaciones oportunas para evitar la generalización de la guerra, para establecer mediaciones que detuvieran al conflicto e inauguraran un período de paz con democracia. El acta final de Contadora no fue aceptada plenamente por los presidentes centroamericanos en 1985, pero constituye un valioso antecedente de las cumbres presidenciales llamadas de Esquipulas. El Acuerdo de Esquipulas II, del 7 de agosto de 1987, planteó una solución global para la pacificación de la región, basada en la consolidación de la democracia, promoviendo un diálogo nacional, una amnistía general, el cese del fuego, todo ello buscado a través de comisiones plurales de reconciliación.
En la espesa tradición de intolerancia de la vida guatemalteca, la constitución de la Comisión de Reconciliación a mediados de 1988 permitió por primera vez contactos entre la URNG y actores locales diversos, primero y luego, diálogos preliminares con representantes del gobierno. En El Salvador, los intentos fueron anteriores, desde 1986, pero de escasos resultados. El FMLN tuvo diversas iniciativas, pero no es posible hacer en este momento, por razones de tiempo, la crónica de un difícil recorrido, más arduo en El Salvador, pero más prolongado en Guatemala. Sólo señalaremos algunos hitos importantes, de lo que son por lo demás, hechos bien conocidos. De hecho, el proceso de paz se ve facilitado cuando los cinco presidentes centroamericanos pidieron la intervención del secretario general de la Naciones Unidas, para que interpusiera sus buenos oficios directamente dirigidos a alcanzar el fin de los conflictos. Esta decisión fue alcanzada dos años después del Acuerdo de Esquipulas, cuando el Consejo de Seguridad del 27 de julio de 1989 resolvió autorizarlo.

IV. LAS DIVERSAS CONDICIONES NACIONALES

El proceso de paz en Guatemala abarca cuatro gobiernos y tres comisiones de paz distintas. En esos casi nueve años fue cambiando paulatinamente el estilo del diálogo, la voluntad de las fuerzas intervinientes, el contexto internacional. El primer problema resuelto fue con el reconocimiento de la URNG como fuerza político/militar con la que había que parlamentar. Por ejemplo, le otorgó legitimidad la reunión de El Escorial con partidos políticos nacionales (1990). El escenario local fue variando desde los temores de Vinicio Cerzo, la anuencia condicionada de Serrano, los primeros acuerdos con De León y el éxito final con Arzú.
En El Salvador, el recorrido fue más breve e intenso. El acuerdo suscrito el 15 de septiembre de 1989 en México entre la representación del Gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional para iniciar un diálogo que condujera a la firma de la paz, fue elevado como solicitud a la ONU. En octubre de ese año, el secretario general informó a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad y se autorizó buscar por la vía política un fin a la guerra civil. Los esfuerzos del representante Sr. Álvaro de Soto fueron decisivos durante todo el período.
De los numerosos encuentros habidos entre los contendientes guatemaltecos, sólo empieza a ser importante por la formalidad del formato alcanzado, el Acuerdo suscrito en Oslo en marzo de 1990, que puede ser considerado como el inicio directo de las conversaciones de paz. Seis años habrán de pasar para que estas alcancen un final exitoso. Es distinta la experiencia salvadoreña. En efecto, con el Acuerdo de Ginebra, del 4 de abril de 1990, se señalaron cuatro objetivos a alcanzar y un cronograma de trabajo: finalizar el conflicto por la vía política, consolidar la vida democrática, garantizar el respeto a los derechos humanos y reconciliar a la sociedad salvadoreña. En Guatemala, sólo el Acuerdo de Marzo del 10 de enero de 1994 pudo alcanzar una precisión razonable similar.
Estas diferencias en el tiempo son de orden cualitativo; expresan la distancia que se establece entre la intención política de negociar y la decisión práctica de hacerlo, medido en términos de resultados. Es la distancia que mide la voluntad de los hermanos enemigos para entenderse, cuando los logros concretos, firmados, van expresando paulatinamente el nivel de confianza, el convencimiento civilizado de la inutilidad de la pelea. Cuando los costos de la guerra son mayores. En los dos años y medio que se demoró el proceso salvadoreño y los siete años y medio del guatemalteco, aparecieron ciertas condiciones que tienen que ver con la manera cómo se constituye el conflicto o la guerra y la naturaleza íntima de los contendientes. Estas son diferencias claves que, por la brevedad del tiempo que se dispone, formulamos de la siguiente manera:
a) Aparece de manera decisiva en el horizonte internacional la voluntad norteamericana en su política exterior de acabar lo antes posible con aquellos conflictos que están involucrados directamente como resultado de su enfrentamiento con la URSS. Las guerras de Angola, Mozambique, Camboya, Etiopía, Laos, Nicaragua terminan cuando el apoyo a una de las partes se acaba. Hubo una «mercenarización» repugnante en las llamadas «guerras de baja intensidad» (así llamadas hipócritamente por aludir a las guerras del subdesarrollo) que son aquellos donde los intereses norteamericanos no son defendidos por norteamericanos sino por nacionales que los representan. La intensidad es alta en la sociedad lastimada. En El Salvador, el cálculo de R. Córdoba es que proporcionalmente murieron cuatro veces más salvadoreños que norteamericanos en la 2ª Guerra.
El Ejército salvadoreño a partir de 1981 creció cuatro veces en número y abundantemente armado y teledirigido por los Estados Unidos, cuyos esfuerzos financieros y logísticos no fueron suficientes para las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES), lograron la victoria. En la década de los ochenta, el Gobierno de El Salvador recibió de los Estados Unidos 3.919,3 millones de dólares como asistencia militar y una parte menor como ayuda al desarrollo. En esa cifra no se contabilizan los gastos de la misión militar, que llegó a estar integrada por medio centenar de oficiales comprometidos directamente en la conducción de la guerra. Nótese que lo que era fuente de vigor se convirtió en debilidad en el momento de negociar.
En efecto, la dependencia financiera y técnica del exterior fue factor decisivo en la obligada obsecuencia de los militares salvadoreños para aceptar, primero, las negociaciones y, luego, los términos de la paz. Las posibilidades de presión norteamericana sobre los militares guatemaltecos fueron distintas; es desconocida pero por un simple ejercicio deductivo, debió ser menor pues el ejército guatemalteco tenía una dependencia externa marginal en los últimos años. Consideradas ambas situaciones, es diferencial el efecto de la presión externa cuando la guerra se va perdiendo que cuando se va ganando.
b) En segundo lugar, es importante reconocer, aunque sea de una manera muy superficial, los cambios que ocurrieron en la naturaleza de los actores sociales dominantes y sus intereses, la manera cómo esas fuerzas sociales estuvieron presentes en el origen del conflicto o en el momento de su negociación. En la coalición de intereses por la tierra de estos sectores y que la movilización campesina fue el mayor desafío experimentado nunca antes por el orden oligárquico tradicional. Nuestro análisis es que los intereses terratenientes se debilitaron en el curso de la guerra, más rápida y profundamente en El Salvador que en Guatemala y esa debilidad es importante políticamente en el curso de la negociación. Al fin y al cabo, ésta, es un regateo político donde influyen las fuerzas más poderosas del escenario nacional, lo que explica en buena medida el desigual contenido substantivo de los diversos acuerdos.
Habría que examinar cómo se fueron moviendo en estos años tres factores que según el sociólogo norteamericano Rueschemeyer explicarían la conducta política de las elites agrarias. Dicho muy rápidamente, se puede examinar el debilitamiento de la oligarquía en su poder de clase, en el poder del Estado y en las estructuras internacionales de poder.
Con respecto al primer aspecto, recordemos que la concentración de la riqueza y el control de la mano de obra, abundante (raíces del poder de las elites agrarias), se atenuó en El Salvador a partir de la aplicación, en dos fases, de la reforma agraria, por la Segunda Junta Cívico-militar en 1980, la nacionalización de la banca y de las instituciones del comercio exterior, en 1982 y por los efectos de la guerra en el sector cafetalero. Con respecto al segundo punto, el fin del control militar del Estado, desde 1979 debilitó la influencia que por más de medio siglo tuvo la oligarquía. Con respecto al tercer punto, la globalización y los cambios en la demanda internacional hicieron girar la influencia dominante a los intereses financiero-especulativos y a nuevas formas de inserción en el mercado internacional. Por si esto fuese poco, en El Salvador, las remisiones de dólares son casi el doble del valor de las exportaciones de café, que ocupan desde hace años un tercer lugar.
Durante los largos años del conflicto guatemalteco, la economía no se afectó nunca sino hasta comienzos de los años ochenta, como resultado de la crisis de la deuda externa. Durante los veinte años anteriores, los índices de crecimiento fueron como promedio, superiores a cualquier época. En cambio, la guerra en El Salvador afectó profundamente la economía, que además coincidió con la aludida crisis de los ochenta, que fue común a toda América Latina. Las zonas de conflicto ocuparon mas del 40% del territorio nacional y la producción en general se estancó entre 1981 y 1987; en esa década el producto per cápita experimentó una caída del 15%, el valor de las exportaciones se contrajo en un 50%, etc., etc.
Las clases propietarias no perdieron con la guerra en Guatemala ni en El Salvador. Por el contrario, hubo síntomas claros de que la violencia fue funcional a la concentración del capital, pero ya no en manos de la clase terrateniente. De nuevo los cambios en el mercado internacional redefinen la importancia de las viejas ventajas comparativas y de los productos tradicionales de exportación. Hay una emergencia en el interior del sector privado de nuevos actores/intereses, vinculados al capital internacional financiero, o a nuevos mercados.
Las consideraciones anteriores tienen un sentido preciso en tanto no se ignora que la negociación es un juego de fuerzas políticas, un cambalache entre intereses dominantes: la coalición política previa a la guerra, la alianza del ejército con interés terratenientes apoyados, en el ámbito de la guerra fría, por los intereses norteamericanos, se va descomponiendo, El «estilo» de hacer política con violencia para excluir, la política de la dictadura militar se va terminando en ambos países a la mitad de los ochenta con las erráticas aperturas democráticas. Nótese que concurrir a las elecciones sin fraude, aceptar las reglas democráticas de la competencia libre y de la organización popular contrasta con la tradición brutalmente autoritaria del pasado. La conclusión no es que la democracia deja fuera del juego a la oligarquía sino que la obliga a adaptarse a un juego donde cuentan también otros factores. Por eso, los resultados son distintos en Guatemala y en El Salvador en relación a los acuerdos de paz.
Estos elementos definen el escenario de las negociaciones también. Conforman los rasgos locales del mismo y explican los diferentes resultados que se alcanzan con la paz. En El Salvador el vacuum político en el grupo dominante lo resuelve el genio de clase con la fundación urgente de su partido, ARENA, partido político que nació para triunfar. Son los intereses genéricos de la derecha que se preparan para pelear en tierra incógnita, la democracia y a dialogar. No fue la Democracia Cristiana sino ARENA quien negocia con la izquierda, porque sabe ceder y exigir. Y porque ahora, en este partido, las fuerzas de la oligarquía tradicional pesan menos.
La situación es distinta en Guatemala, donde la elite agraria no sufrió el experimento reformista de nacionalizar las herramientas claves de la sociedad agroexportadora, ni se aplicó ninguna reforma agraria, ni la guerra profundizó la crisis económica del campo. De hecho, sucedió todo lo contrario. También la coalición anticomunista que generó el Estado contrainsurgente, en los años sesenta, se empezó a descomponer a comienzos de los ochenta. Al igual que en El Salvador, pero por motivos distintos, la santa alianza se va disolviendo al intentar legitimar y volver civil el poder gubernamental. Pero reteniendo importantes cuotas de poder en el Estado.
A diferencia de aquel país, en Guatemala ni el Ejército se reveló incapaz de derrotar a la guerrilla ni las clases agrarias sufrieron el escalpelo del reformismo. La debilidad de éstas ha sido su incapacidad para alcanzar la debida representación política tal vez porque el CACIF es un actor encargado de hacerlo. Ni la Democracia Cristiana, ni el MAS, ni UCN pudieron tener la representación debida. El PAN, de una derecha mas moderada, tuvo aún antes de llegar al gobierno la audacia de buscar la negociación y de llevarla a feliz término.
c) En tercer lugar, es importante mencionar el papel que han jugado los otros actores, las organizaciones sociales, los partidos políticos, los intelectuales, en fin, los numerosos sectores que forman la sociedad civil, entendida como el universo de lo privado donde se constituyen las organizaciones de intereses particulares, independientes del gobierno, y que expresan la múltiple existencia social de la sociedad de clases.
De nuevo las diferencias son importantes en relación al papel que pudo desempeñar la sociedad civil y sus organizaciones. En El Salvador, pese a los esfuerzos de convocatoria de la Iglesia Católica, no se estructuró un movimiento que acompañara los incidentes de la negociación. Acompañar, en este caso, es una referencia comparativa a lo que si hizo en Guatemala un conjunto de organizaciones sociales, políticas, académicas, ONGs, y otras. Se intentó en El Salvador, con la creación a inicios de 1987, del Debate Nacional para la Paz y su institucionalización como Comité Permanente del Debate Nacional. Diversas organizaciones, en el interior del CPDN formularon propuestas programáticas y el propio Comité las hizo, unitariamente, en relación con las negociaciones de paz. Un rasgo de la participación de fuerzas sociales en este país es que en la constitución de las llamadas organizaciones político-militares, los cuatro grupos del FMLN tuvieron siempre una expresión de «movimiento social y político». Los intentos de la Iglesia, de la Universidad Centroamericana y del poder, Ellacurría en particular, intentaron crear una tercera fuerza social pero no prosperó.
En Guatemala, las fuerzas de la sociedad civil fueron indiferentes en el inicio del proceso, por razones que no es el momento de analizar, pero luego se incorporaron a la dinámica del diálogo porque el Acuerdo Marco, de marzo de 1994, recomendó el establecimiento de la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC) como un organismo consultivo de la mesa negociadora. La ASC participó activamente en los dos últimos años, movilizando opinión pública, discutiendo y proponiendo algunos de los contenidos de los Acuerdos que las partes negociaban. No fue una Asamblea plenamente representativa, por ausencia de los empresarios y de algunos partidos políticos, pero su funcionamiento constituye un dato importante en los resultados finales. Los Partidos Políticos desempeñaron en ambos países un protagonismo menor. La explicación de esta extraña ausencia de un escenario tan estratégico es resultado de la política pequeña, de la politiquería, que utilizó el argumento que la negociación la hacía el (partido del) gobierno, que éste no realizó consultas y que finalmente, los acuerdos serían de todos modos discutidos y aprobados por la Asamblea o Congreso Nacional, donde el partido de gobierno tenía mayoría. Es oportuno recordar que la negociación con la guerrilla no compromete al gobierno sino al Estado, especialmente en Guatemala, donde fueron sucesivos los que la establecieron.

V. LOS DIVIDENDOS DE LA PAZ

Finalmente, es importante establecer de forma sumaria los aspectos alcanzados, en términos igualmente comparativos. El proceso se ocupó de discutir y aprobar aspectos substantivos de la construcción de la paz. Constituyó un diálogo espinoso sobre temas económico-sociales de ambas sociedades, pero fue más profundo o, al menos, más extenso, lo alcanzado para los negociadores guatemaltecos. No se trató solamente de aspectos técnicos relacionados con el «fin de la guerra» sino de una agenda que constituye, de hecho, un programa de cambio propio de una perspectiva de nation-building. Esto otorga a la negociación una dimensión original, que puede contribuir a la construcción de confianzas necesarias en sociedades destruidas por la guerra. Algunas semejanzas y diferencias, son las siguientes:
a) El 26 de julio de 1990 las partes salvadoreñas firmaron el primer Acuerdo, relacionado con el respeto a los derechos humanos, y que lleva el nombre de San José, ciudad donde se estableció, luego pieza fundamental en la creación de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL). Estuvo encargada primero de la verificación de ese acuerdo pero posteriormente se amplió a la supervisión de todos los acuerdos políticos celebrados entre el FMLN y el Gobierno. El equivalente puntual en Guatemala es el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, firmado en México, el 29 de marzo de 1994 y que organizó primero la verificación de los derechos humanos, creando MINUGUA y después el cumplimiento de los otros acuerdos. Nótese la similitud de los contenidos.
b) El problema de la tierra y otros aspectos socioeconómicos, considerados como causas del conflicto, plantearon en ambos países la mayor crisis en los procesos de diálogo y negociación, interrumpiéndolo por dieciocho meses en el caso de Guatemala y provocando mayores crispaciones políticas en San Salvador, testimonio fatal de que las clases agrarias defienden la propiedad hasta cuando ésta es un obstáculo para el desarrollo social y la democracia. En El Salvador el debate adoptó la modalidad de reformas constitucionales y fue planteado conjuntamente, como Acuerdo negociado, con aspectos relativos al sistema judicial, el ejército, el sistema electoral, la comisión de la verdad y otras. Hubo una fortísima oposición a modificar el texto legal. Se alcanzó una coincidencia en el Acuerdo de México, del 22 de abril de 1991 estableciendo reformas constitucionales y que obligó al gobierno salvadoreño a llevarlo a conocimiento de la Asamblea Legislativa. Las reformas fueron dramáticamente aprobadas unos minutos antes que terminara la noche del 30 de abril, último día de sesiones de la Asamblea. La nueva Asamblea, contrariando parte de lo acordado no aprobó las enmiendas relativas a las Fuerza Armadas, remitiendo el problema para más adelante.
En la experiencia de Guatemala, se discutieron los mismos temas pero con una secuencia y un timing diferentes y con una activa presencia de la sociedad civil. En efecto, después de una crisis que movilizó la opinión nacional a favor y en contra, fue aprobado el 6 de mayo de 1996 el Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, que prácticamente desbloqueó el procedimiento. Estando ya en la recta final, el 7 de diciembre, en Estocolmo, y el 12 de diciembre de ese año, el Acuerdo sobre el Fortalecimiento del poder civil y funcionamiento del Ejército en una sociedad democrática.
Es natural que haya habido algunas dimensiones de la negociación que fueran diferentes con respecto a El Salvador, tal como el amplio debate que condujo al Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, firmado en México, el 31 de marzo de 1995 y que constituye un compromiso substantivo de cambio, en el seno de una sociedad multiétnica como Guatemala. En Oslo, el 17 de junio de 1994 se alcanzó un acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado. Y también fue relativamente distinto lo relativo a la Comisión de la Verdad, alcanzado en la misma ciudad el 23 de junio de ese año y llamado Acuerdo sobre el Establecimiento de una Comisión para el esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca. La diferencia substantiva, junto a otras y que refleja la correlación de fuerzas políticas en uno y otro caso, es que la de El Salvador estaba llamada a identificar responsabilidades personales y la de Guatemala lo prohíbe expresamente.
Después de los Acuerdos de México se produjo de nuevo una crisis en la negociación salvadoreña, con puntos en conflicto relativos al cese del enfrentamiento y a las garantías para la reinserción de los alzados. En septiembre de 1991 viajó a Nueva York el presidente Cristiani, con ocasión de la Asamblea General de la ONU. Las presiones de las cancillerías de la ex URSS y de EEUU, de la ONU y la OEA, etc. sirvieron para que se alcanzara el llamado Acuerdo de Nueva York, que desbloqueó el proceso y lo aceleró. Ahí se acordó crear la Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz (COPAZ) y acuerdos en principio sobre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los aspectos económico-sociales.
La noche del 31 de diciembre de 1991, concluyó esta espinosa carrera de obstáculos. Muchos detalles se omiten por la brevedad de esta exposición. El de Guatemala enfrentó menos dificultades en su etapa final, salvo el lamentable incidente ocurrido el 21 de octubre de 1996 cuando se descubrió un secuestro perpetrado por ORPA, que suspendió el proceso por 15 días. Pero la voluntad de ambas partes era decididamente la de terminar antes del fin de año.
Dos acuerdos finales fueron importantes, el relativo al definitivo cese al fuego (Oslo, 4 de diciembre de 1996) y las bases por la Incorporación de la URNG a la legalidad, que incluyó una propuesta de Ley de Reconciliación Nacional.
Dos últimas diferencias son importantes a la postulación general que venimos haciendo en dirección de explicar la negociación y sus resultados como un inevitable juego de tensiones, intereses y fuerzas políticas, que hunden sus raíces en la tradición inmediata de la guerra y su naturaleza y en los cambios experimentados por los actores sociales. Uno es el cese al fuego que se alcanzó en Guatemala como un asunto de hecho, en marzo de 1996, es decir diez meses antes de que se firmara el acuerdo. En Guatemala los muertos de guerra terminaron antes del acuerdo final, mientras que en El Salvador continuaron aún después de Chapultepec.
Pero aún más importante es el tema del perdón y el olvido frente a los crímenes cometidos en ambos países, por ambos contendientes. La reconciliación nacional pasa por la naturaleza de la amnistía que debe decretarse inexorablemente. De otra manera, no habría firma final de la paz. En El Salvador fue resuelta relativamente bien, con un período legal que cubrió a todos pero compensado con una comisión de la verdad que identificó criminales.
El tema de la impunidad ha envenenado el ambiente de fiesta que privó en el interior del Palacio Nacional de Guatemala y el cauto entusiasmo de unas 30.000 personas reunidas la noche del 29 de noviembre en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio. Sin duda, la Ley de Reconciliación Nacional va más allá de introducir la extinción de la pena para quienes cometieron delitos políticos y comunes conexos, como lo sugiere una larga experiencia jurídica internacional. En este caso, se ha incluido claramente la posibilidad de perdonar delitos comunes cometidos con ocasión de perseguir delitos políticos.